La claridad de las naciones

quebec

Dice Pedro Sanchez que España es una nación de naciones y es por eso que propone un arreglo constitucional para adaptar la ley de leyes a esta nueva ocurrencia. Nadie sabe en cuantas naciones está pensando Sanchez pero no seria descabellado suponer que aparte de Cataluña y Euskadi también Galicia podría beneficiarse de un estatuto jurídico ad hoc. Lo que no sabemos es qué pensarán el resto de Comunidades, me refiero a esas otras españitas que constituyen los parientes pobres de nuestro Estado.

Yo admitiría de buen grado que Extremadura o la Mancha se constituyeran en algo diferente a los que son pues estamos hablando de comunidades depauperadas y que representan la cara más humilde de nuestro Estado. No se entiende como las reivindicaciones siempre vienen de las comunidades mas ricas y no de esos otros abandonados y con tanta desigualdades que parece que sean -esta vez si- de otro país. Pero no voy a hablar del derecho al pataleo sino de proponer soluciones a ese problema endemoniado que es el encaje de Cataluña.

El problema es que cuando hablamos de nacionalidades estamos pensando en territorios y no en ciudadanos.

¿Por qué la comunidad valenciana comienza en Vinaroz y acaba en Orihuela? ¿Qué tiene que ver Cofrentes o Ademuz con lo valenciano? ¿Por qué Segorbe y toda la comarca del alto Palancia pertenece a Castellón y no a Teruel?¿Es Tortosa una nación en sí misma como en la época de los templarios? ¿Es catalán el valle de Arán o francés?

Digámoslo claramente, se trata de decisiones administrativas antiguas, mas cercanas a la Constitución de Cadiz que a la actual en donde la provincia emergió como unidad geográfico-administrativa a veces forzando la realidad de las comunicaciones o proximidades. Fue en cierto modo una decisión arbitraria, trazada sobre mapas y por encima de los ciudadanos.

El proceso de secesión que estamos viendo estos días en Cataluña es un ejemplo respecto a esta cuestión. La mitad de la ciudadanía quiere emanciparse de España y la otra mitad no. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? La mayor parte de nosotros estaríamos de acuerdo en que se preguntara a los ciudadanos, ¿pero cual seria la pregunta adecuada?

Para mi la pregunta adecuada seria esta: ¿A quién quiere ud pagar impuestos, al Estado o a su comunidad autónoma? Una vez contestada esta pregunta, cada ciudadano tendría un referente administrativo, habría quien elegiría al Estado y habría quien financiaría a su propia comunidad. Sin escindir los territorios, los ciudadanos tendrían esta vez si, la oportunidad de decidir. Y naturalmente este derecho a decidir seria para todos los españoles y no solo para los catalanes.

La oportunidad o derecho de decidir, en otro orden de cosas también merecería la pena integrarlo en una nueva redacción de la Constitución (entre otras muchas cosas). Pero hay que decidir qué es lo que los ciudadanos pueden decidir y qué no pueden decidir, necesitamos una ley de claridad.

Quebec es una de las diez regiones federadas y que constituyen el Canadá actual. De habla francófona se diferencia sustancialmente del resto de provincias y nacionalidades canadienses que son fundamentalmente anglófonas. Allí en Quebec ya han habido dos procesos para decidir si irse o quedarse. Y allí, en Canada es donde estas cosas sobre lo que se puede o no decidir están puestas en blanco y negro en forma de ley. Se llama ley de claridad.

La ley de claridad.-

El primer requisito es que el proceso comenzaría con una pregunta clara e indubitada en un referéndum sobre el deseo de secesión (y de ahí el nombre de “Ley de Claridad” como se conoce a la norma). Y que el mismo deba ganarse con unos requisitos especiales de participación, pues no se considera razonable que un cambio tan trascendental y de efectos tan generales sea decidido en definitiva por un sector minoritario de la población, como pretenden los impulsores del referéndum catalán y como ocurrió también con el aprobatorio de la última reforma estatutaria que tantos problemas ocasionó.

-El segundo requisito es que ese referéndum ganado sería un mero comienzo, y no un final del proceso de separación. Allí no pierden de vista que ese camino requeriría complejas negociaciones para resolver de forma amistosa todos los enormemente arduos problemas que una secesión trae consigo. Mucho mayores, por ejemplo, que los que ha de resolver el Reino Unido para salir de la Unión Europea, donde aun así se considera asfixiante el plazo legal de dos años para concluir un acuerdo.

-El tercero es que la cesión no ha de darse necesariamente sobre toda la provincia canadiense en la extensión territorial que hoy tiene. En este requisito quiero insistir hoy.

Si existen en la provincia consultada ciudades y territorios en los que la proporción de unionistas sea sustancial y claramente mayoritaria, aquélla, para separarse, debe aceptar desprenderse de ellos para que puedan (por ejemplo, formando para ello una nueva provincia) seguir siendo parte de Canadá. Esto parece que tiene una buena justificación. De la misma manera que Canadá adopta una postura abierta respecto a la potencial salida de territorios con una sustancial mayoría de habitantes que no desean seguir siendo canadienses, la Provincia también debe aceptar desprenderse de porciones de la misma por la razón, en este caso simétrica e idéntica, de que una mayoría sustancial de su población sí desee seguir siendo canadiense. (Extraido de esta web)

Dicho de otro modo, el derecho a decidir es para todos y si Tortosa o Barcelona no quisieran separarse, los independentistas deberían aceptar “el derecho a decidir” de sus vecinos.

Naturalmente los independendistas rechazarían esta opción por las mismas razones con las que el Estado rechaza fragmentar el país: la integridad territorial, algo sagrado para casi todos. Ambos contemplan el fenómeno en clave territorial y se olvidan de las personas. Un independentista tenderá siempre a querer absorber territorios que considera irredentos más que a estar dispuesto a desprenderse de otros sobre los que domine. Si consideramos encuestas y comportamientos electorales recurrentes, la renuncia a Barcelona, a su zona metropolitana, a buena parte de la costa, además del Valle de Arán y probablemente otras comarcas, para respetar la voluntad claramente mayoritaria de sus habitantes de querer seguir siendo parte de España y de la Unión Europea puede producir un efecto paralizante del impulso hoy desbocado del nacionalismo a la secesión.

Como ha ocurrido en Quebec, donde los nacionalistas no están de ninguna manera dispuestos a renunciar a Montreal y a otras zonas trascendentales por su riqueza, cultura y valor simbólico para constituirse como un país más rural, atrasado y reducido de lo que hoy son.

Debe ser por eso que los independendistas de Quebec ya no quieren referéndums, lo que demuestra que la “ley de claridad” consiguió desactivar ese nacionalismo antiguo que trata de fragmentar países más allá de construir puentes entre los ciudadanos.

Y es precisamente en este argumento donde el “derecho a decidir” hace aguas. Derecho a decidir si, para todos y según la ley.

En el debate es preciso introducir ya este factor. España debe en todo caso empezar a amparar a sus ciudadanos que, en Cataluña, desean seguir siendo españoles y están hartos de sentirse rehenes abandonados al nacionalismo.

Las autonomías en un país centralizado.-

Personalmente siempre estuve a favor de las autonomías, es necesario reconocer que sin ellas no tendríamos carreteras, ni Hospitales, ni teatros, ni casi nada en las provincias más periféricas del Estado. ¿Por qué iban a ocuparse en un lejano ministerio madrileño por los accidentes de una determinada carretera nacional si a ellos no les afecta?¿Hubiera sido posible un aeropuerto en Castellón si hubiera sido decisión del ministerio de obras publicas? Otra cosa es discutir si era necesario o no, pero lo que es cierto es que no se hubiera construido de no darse ciertas circunstancias bien conocidas por el publico en general.

Las decisiones del Estado siempre quedan empantanadas en los despachos madrileños durante años y como ejemplo tenemos “el corredor mediterráneo”, una obra vertebradora para las provincias que más lo necesitan y que son las que abastecen los mercados con más cantidad de productos. Las autonomías al acercar el foco de las decisiones a los ciudadanos han conseguido romper la simetría nacional, para lo bueno y para lo malo. España ya no se puede pensar como un círculo de cuyo centro nacen rayos que llegan a todos los puntos de la circunferencia. Y lo cierto es que estos recursos, con ese modelo ya no llegaban o cuando llegaban ya estaban obsoletos.

Pero lo cierto es que el modelo autonómico ha aflorado todas sus contradicciones y es hoy un peso muerto para nuestra deuda externa y el Estado que ha de lidiar constantemente con las comparaciones que unas y otras -y con respecto a su financiación- llevan a cabo las autonomías como eje de su política.

Así va creciendo entre la opinión publica, sobre todo de aquellos que se encuentran mas cerca de Madrid, la idea de que las autonomías sobran y que el Estado debería volver a asumir el control de la periferia. No estoy de acuerdo con esta idea, salvo en algunos detalles: por ejemplo debería haber una ley de educación nacional que implicara a todas las autonomías, debería haber un plan hidrográfico nacional y deberían abordarse de forma centralizada las decisiones sobre el trazado de ese corredor mediterráneo que naturalmente debe pasar por Cataluña y no por Aragón. Del mismo modo el estado debería asistir de forma muy prioritaria las comunicaciones en Extremadura. ¿Qué está pasando con el ferrocarril en Extremadura?

Las autonomías no debieron pensarse como parlamentos regionales que dictaran sus propias leyes, sino como centros de gestión descentralizada que complementaran las funciones del Estado central. Tal y como están diseñadas son demasiado caras y generan más divisiones que cohesión entre los españoles. Cada uno mira su campanario y es incapaz de ocuparse del resto de asuntos colectivos. Demasiado despliegue de políticos, funcionarios y demasiada burocracia sin acabar de resolver el tema de que Castellón o  Alicante siempre serán periferia para Valencia. De manera que aquellos que como yo viven en una ciudad pequeña mantenemos con la capital el mismo trato que mantuvimos con Madrid. Estamos solos.

Es lógico porque los políticos piensan en términos de territorios y privilegian a los núcleos urbanos donde hay mas riqueza y población, en este caso Valencia por encima de Alicante o Castellón. Tanto el modelo territorial como el poblacional son disfuncionales.

Solo si estamos de acuerdo en que los individuos, los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismo derechos y creo que esa idea es muy compartida por todos los españoles.

Un modelo centrado en la ciudadanía.-

El modelo que propongo es que cada ciudadano pueda elegir con independencia del territorio en el que viva su régimen de dependencia administrativa. Un modelo dual por así decir que no afecte a los territorios sino a las personas. Unos pagarían sus impuestos completos al Estado y otros a su Autonomía. seriamos por así decir clientes de dos empresas distintas y que se dedicarían a implementar servicios que ofrecer a sus “clientes”. Naturalmente el Estado correría con el gasto del ejército y fuerzas de seguridad, la Justicia, las pensiones y ciertas leyes de obligado cumplimiento para todos. Asimismo el Estado y las Autonomías deberían abrir un periodo de negociación para ver la titularidad de ciertos servicios, por ejemplo qué Hospitales son del estado y cuales de la Autonomía con independencia de que entre ellos pudieran llegar a acuerdos y facturarse entre sí.

Yo podría ser del estado y mi mujer de la Autonomía, lo que redundaría en un cambio en esa sensación de irredentismo sagrado que acompaña a todo lo nacional, patrias, idiomas y tradiciones pasarían al museo etnográfico (al aire libre) de donde nunca debieron salir.

Qué más da cuantas naciones hay, somos 43 millones de ciudadanos.

 

 

La ley de secesión y sus limites: la ley de claridad canadiense